A celebrarse en la ciudad de Manzanillo, Colima, México,
del 28 al 30 de abril del 2004.

En la pasada Reunión tuvimos la oportunidad de presentar un panorama general de la situación que actualmente presenta la legislación informática en nuestro país.

De un somero análisis nos percatamos de que si bien algunos de los rubros que afecta el desarrollo de la Internet comienzan a ser abordados por las leyes, la realidad es que existen tópicos que no son siquiera mencionados, en muchos casos la legislación resulta insuficiente, y en otros hace falta el llevar a cabo otras acciones paralelas que eviten que la ley se convierta en letra muerta: por ejemplo, desde el año pasado están vigentes las disposiciones del Código de Comercio que le dan valor a la firma electrónica y sientan las bases para la creación de Entidades Certificadoras sin que hasta el momento se haya creado ninguna.

Pero resultaría un ejercicio vano seguir enumerando y discutiendo las lagunas legales o la ausencia de políticas públicas pertinentes en torno a la Internet, si no contribuimos con propuestas congruentes para la mejor solución de las problemáticas a que hacemos referencia y antes de entrar de lleno al estudio profundo de cada uno de los actos y hechos jurídicos que se ven impactados por la Internet, consideramos vital partir de la base indispensable de determinar si será la autoridad federal o local la competente para regular sobre la materia o si en su caso, debe ser una competencia compartida.

En nuestra anterior participación habíamos ya planteado que el hecho de estar constituido nuestro país como una federación trae consigo la multiplicidad de leyes y códigos con respecto a las materias de competencia local y como el impacto de la Internet se da prácticamente en todos los aspectos de la vida humana, encontramos que algunas Entidades Federativas han regulado ciertos aspectos o consecuencias dadas por o mediante el uso de la web, otras no; la Federación ha regulado también algunas conductas, otras no; por lo que nos encontramos ante cierto número de normas jurídicas -algunas inconexas, contradictorias o incompletas- que difícilmente podrán hacer frente a las problemáticas surgidas del uso tanto lícito como ilícito de la Internet.

Por lo anterior mediante este trabajo planteamos, como una primera propuesta par la legislación mexicana, elevar a materia federal todo lo que de alguna u otra manera se relacione con la Internet, para poder partir así de una base sólida y asegurar la aplicación de las normas jurídicas en esta materia en todo el territorio nacional con los mismos parámetros y el sometimiento indiscutible a una sola jurisdicción.